El juez está a punto de sentar en el banquillo al imputado BBVA por el caso Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón está a punto de sentar en el banquillo al BBVA por el caso Villarejo tras la petición realizada la semana pasada por la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal pide que la entidad –como persona jurídica imputada– y su ex presidente, Francisco González (FG) sean juzgados por los delitos de cohecho y revelación de secretos en plena OPA del banco de origen vasco sobre el Banco Sabadell.

El BBVA como persona jurídica está imputado (investigado) desde 2019 por el espionaje de empresarios, políticos y periodistas encargado por el banco al ex comisario José Manuel Villarejo y su socio, Rafael Redondo, durante la presidencia de FG. El actual presidente de la entidad, Carlos Torres, no ha sido imputado puesto que su nombre no ha aparecido en la documentación que relaciona al banco con Villarejo, si bien tuvo que declarar como testigo en la Audiencia Nacional en octubre.

La Fiscalía también solicita sentar en el banquillo a otros directivos de BBVA por el caso Villarejo, como el ex consejero delegado, Ángel Cano; el ex director de los servicios jurídicos, Eduardo Arbizu; el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad, Joaquín Gortari; el ex director de riesgos, Antonio Béjar; o el ex jefe de seguridad, Julio Corrochano, que fue quien contrató directamente a Villarejo. El escrito también incluye al propio ex comisario y a Redondo.

Esta petición de Anticorrupción se produce en medio de la OPA hostil lanzada por BBVA sobre Sabadell, cuyo futuro es incierto por la oposición del Gobierno a la posterior fusión de los dos bancos. No obstante, BBVA cuenta con el apoyo de grandes fondos presentes en el capital del banco catalán y de su principal accionista, David Martínez. Ahora bien, es dudoso qué impacto puede tener en esta operación la situación judicial del banco.

Tras el escrito de la Fiscalía, a García Castellón sólo le resta dictar el auto de transformación en procedimiento abreviado, en el que debe decidir si acepta la petición del fiscal y propone juzgar a estos imputados incluyendo el BBVA (que es lo más probable) o si archiva la causa. Los acusados podrán recurrir ante la sala, que previsiblemente desestimará su apelación. Entonces, el juez abrirá juicio oral y se fijará fecha para la vista.

Acusaciones del fiscal

La Fiscalía ha sido muy contundente en su escrito: considera probado que el BBVA, «con la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González», contrató en 2002 al ex comisario de policía Julio Corrochano, lo que «permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía», entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.

Y añade que Corrochano conocía la «doble actividad de su amigo y compañero Villarejo a través del Grupo Cenyt», en referencia a las labores de seguimiento que realizaba para distintas empresas, de donde deriva el delito de cohecho, al estar ambos en activo en la Policía Nacional.

Entre ambos habrían hecho «un uso fraudulento de las posibilidades que les otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía» para poner en práctica «una estructura empresarial con la cual lucrarse», gracias al acceso indirecto a todos los registros policiales y a bases reservadas de datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Anticorrupción afea al BBVA que, «más allá de la letra de la normativa», lo que la dirección del banco implantó «fue la de la obediencia directa a sus dictados», amparando comportamientos contrarios a cualquier código ético, entre las que incluye «indicaciones de Francisco González sobre asuntos personales».

El escrito destaca también que no sólo las labores de investigación y seguimiento que realizó Cenyt para el banco erran irregulares, sino que la contratación no cumplía con los estándares del banco.